Sobre la reforma constitucional

Llego un poco tarde con mi opinión sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución. Tengo la sensación de que todo el mundo ha dicho ya lo que tenía que decir sobre este asunto. Por eso no me extenderé demasiado en argumentos que otros han planteado ya. Por ejemplo, que el déficit no tiene ideología o que las puede tener todas (como demostró Ronald Reagan, bajando los impuestos a los ricos e incrementando el gasto militar de EE UU, y como ha demostrado también la alcaldesa de Fuente Álamo, gastando muy por encima de los ingresos del Ayuntamiento). O que el equilibrio presupuestario puede conseguirse tanto por la vía del gasto (reduciéndolo) como por la vía de los ingresos (incrementándolos con un sistema fiscal adecuado y luchando contra el fraude en un país donde la economía sumergida ronda el 20%). Me centraré en rebatir un argumento concreto que se ha venido utilizando en contra de esta medida: el de la «ideología constitucionalizada».

La reforma del artículo 135, tal como finalmente se ha planteado, supone una regulación suficientemente flexible para que dentro de ella quepan políticas económicas de diversa orientación ideológica. La intervención de Rubalcaba, negándose a que figurara una cifra concreta en la Constitución, ha sido clave para garantizar esa flexibilidad.

No obstante, muchos afirman que esta reforma significa constitucionalizar un planteamiento ideológico neoliberal. Iñaki Gabilondo dijo el otro día en su videoblog que, con esta reforma, «la Constitución española estrena por primera vez un contenido ideológico». Discrepo de esta opinión. Nuestra Carta Magna está llena de preceptos de contenido ideológico. Y no son pocos ―quizá la mayoría de ellos― los que, aun siendo aceptados por todas las fuerzas políticas democráticas, responden a planteamientos o reivindicaciones que históricamente tuvieron su origen en la izquierda y que, una vez consagrados en la Constitución, impedirían el desarrollo de un programa neoliberal de máximos. Hay muchos ejemplos, pero me limitaré a citar unos cuantos empezando por la propia calificación de España como Estado social (artículo 1.1), que entronca con sensibilidades ideológicas de centro-izquierda (socialdemócratas) y de centro-derecha (democristianos), pero que choca con la concepción neoliberal del Estado mínimo. Otro ejemplo claro lo encontramos en el artículo 9.2, que consagra la idea de libertad como no dominación, frente a la concepción derechista de libertad como no injerencia. La función social de la propiedad como límite a este derecho (artículo 33.2) o la progresividad del sistema tributario (artículo 31.1) son principios ampliamente aceptados desde hace décadas por todas las ideologías democráticas, pero traslucen concesiones a la izquierda en sus orígenes. Concesiones que se observan más nítidamente en el reconocimiento del carácter vinculante de los convenios colectivos (artículo 37.1) o en la huelga, elevada nada menos que a la categoría de derecho fundamental por el artículo 28.2. Por su parte, los artículos 40 y 50 impedirían que un eventual Tea Party español privatizara las pensiones, sustituyendo el actual sistema público de reparto por uno de capitalización gestionado por bancos y aseguradoras. Como vemos, hay mucha «ideología constitucionalizada» y, si nos atenemos a su origen histórico, más de izquierdas que de derechas.

Pretender que el Estado del Bienestar sea sistemáticamente deficitario y que su gasto corriente tenga que financiarse en los mercados es poco coherente. Por el contrario, su mejor garantía es el equilibrio financiero, por dos motivos: primero, porque en el futuro los fondos que deban destinarse al pago de intereses podrán dedicarse a inversiones y gasto social; y segundo, porque la quiebra de las Administraciones públicas ofrece a la derecha una coartada perfecta para reducir derechos sociales y para privatizar la titularidad o la gestión de servicios públicos esenciales (reducción y privatización que, esos sí, son objetivos ideológicos).

Insisto en afirmar que el principio de equilibrio presupuestario no tiene ideología. Pero, aunque así fuera, ¿cuál sería el problema? Igual que la derecha fue aceptando a lo largo del último siglo y medio la evidencia histórica de que el castigo penal de la huelga no era un camino viable para alcanzar la paz social, o que la función del Estado no podía limitarse a garantizar la seguridad exterior e interior y el cumplimiento de los contratos, tampoco pasa nada si la izquierda se aviene a reconocer que, en el actual escenario financiero global, el déficit estructural y el incremento del endeudamiento pueden lastrar el crecimiento económico de un país y poner en peligro su Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, la mejor forma de luchar contra el usurero es no necesitando su dinero. Es de sentido común.