Rodrigo Rato, el Señor de Las Burbujas

Atentos a esta noticia, aparecida en el diario La Verdad el 20 de abril de 2007:

JORNADA SOBRE CRECIMIENTO SOSTENIBLE HABLAN LOS ESPECIALISTAS

Rodrigo Rato: «Murcia es capaz de asumir que el 'boom'urbanístico se suavice por la subida de los tipos»

No hay razones para la preocupación por una hipotética crisis del ladrillo en la Región, al menos, de momento. El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que puso la clausura de altura a la jornada sobre Crecimiento sostenible y desarrollo regional, aseguró que el sistema financiero español «está plenamente capacitado para absorber una evolución del sector inmobiliario con tipos de interés más altos». [leer +]

En La Opinión, el mismo día:

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO REGIONAL

Rato: ´La economía vive el mayor crecimiento de la historia´

Rato aseguró que la economía mundial vive "un cambio histórico", que está permitiendo crecer incluso a los países del África subsahariana y de Latinoamerica. Destacó que las buenas perspectivas económicas parecía que podían empañarse con al subida del petróleo, pero finalmente la economía absorbió el encarecimiento del crudo. "El mundo ha entrado en una fase de prosperidad", aseguró con optimismo. [leer +]

Resulta que el entonces Director Gerente del Fondo Monetario Internacional había venido a Murcia, invitado por la CROEM, para clausurar la Jornada 'Murcia: crecimiento sostenible y desarrollo regional'. No entraré a comentar sus palabras ni cómo la crisis, que estalló pocos meses después, dejó en la más absoluta evidencia a quien entonces era una de las mayores autoridades económicas del mundo, y quien había sido el Ministro de Economía del ‘milagro económico español’. Pero lo cierto es que Rato vino a Murcia en 2007 a decirnos que la burbuja inmobiliaria no representaba ningún riesgo serio para nuestra economía. Menos mal.

Rodrigo Rato es uno de los principales responsables políticos de la crisis que ahora sufrimos. Fue Ministro de Economía durante el periodo en el que se inició y gestó la burbuja inmobiliaria en España. Y luego Director Gerente del FMI en plena expansión de la burbuja financiera internacional. Un auténtico Señor de las Burbujas que no supo ver el riesgo desde su atalaya privilegiada del FMI, y que vino a Murcia a decirnos que «el mundo ha entrado en una fase de prosperidad» cuando estábamos a un solo paso del precipicio.

Hoy podemos hablar todo lo que queramos de la herencia recibida, pero no olvidemos que quien deja en herencia también fue sucesor de alguien que, a su vez, dejó su legado. Entonces, ¿hasta dónde debemos retrotraemos al analizar la genealogía de la crisis? A Zapatero le estalló la bomba en las manos. Pero, ¿quién inventó la pólvora?

1º de Mayo, ahora más que nunca

Ni creíble, ni cierto (manipulación informativa de la CARM)

La capacidad de manipulación y de engaño parece no tener límites para el Partido Popular de la Región de Murcia. Están leyendo bien; el titular que aparece en la imagen de arriba dice lo que dice: «La tasa de paro en la Región de Murcia se mantiene por debajo de la media nacional» (sic). La imagen es un «pantallazo» de una noticia publicada el 3 de abril en la web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, y se accede a ella (mientras no la rectifiquen) en en este enlace.

Quizá sea el ejemplo más obsceno de manipulación informativa que recuerde haber leído. Cualquier persona medianamente informada sabe que la tasa de paro en la Región de Murcia es (y viene siendo: no es algo coyuntural) notablemente superior a la media nacional. La tasa de paro que «vale» a efectos estadísticos es la resultante de la Encuesta de Población Activa (EPA), no la del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Los últimos datos de la EPA publicados por el INE sitúan la tasa de paro en España en un 22,85%, mientras que en la Región de Murcia está en 26,77%, casi 4 puntos por encima. Se puede descargar el informe en pdf aquí.

Estos son los datos del cuarto trimestre de 2011. Pronto se publicarán los del primero de 2012 y me temo que las cosas no habrán mejorado mucho para la Región de Murcia, ni en términos absolutos ni en términos relativos.

¿Qué forma es esta de confundir y fabricar un titular absolutamente engañoso?

En una entrada reciente titulada Las dos Españas publiqué un mapa en el que podían apreciarse las notables diferencias de paro en las distintas Comunidades Autónomas (por cierto: todas con la misma legislación laboral, los mismos costes del despido y los mismos tipos de cotización a la Seguridad Social). Y precisamente los murcianos no podemos presumir de tasa de paro. Alguna responsabilidad tendrán quienes llevan gobernando esta Región durante 17 años.

En la Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE

Ya ha pasado una semana, pero tenía pendiente referirme en este blog a mi nueva responsabilidad tras el 14º Congreso del Partido Socialista de la Región de Murcia. Rafael González Tovar, nuestro nuevo Secretario General, me propuso formar parte de su equipo para coordinar una de las áreas de la Ejecutiva regional como Secretario de Coordinación Estratégica. Y quiero aprovechar para agradecérselo también aquí, públicamente.

Creo sinceramente que los socialistas murcianos (sí, socialistas y murcianos) hemos acertado al elegir a González Tovar, y que él ha acertado también al conformar su equipo. Aunque todo eso habrá que demostrarlo con trabajo y resultados. Por la parte que me toca, pondré todo el empeño que pueda dentro de mis limitaciones de tiempo. Porque la familia, mi trabajo en el instituto y la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fuente Álamo siguen ahí.

Quiero dejar claro a mis compañeros y vecinos que compaginaré esta nueva responsabilidad con mi compromiso político con Fuente Álamo, que se mantiene intacto. Continuaré al frente del Grupo Municipal y, dentro de unas semanas, me presentaré a la reelección como Secretario General de nuestra Agrupación Local para seguir trabajando por el cambio en 2015.

¡Viva la Pepa y su artículo 13!

Hoy se cumplen 200 años de la primera Constitución española, la de 1812, popularmente conocida como ‘La Pepa’. Fue una constitución liberal (en el sentido que el liberalismo tenía en el siglo XIX) que proclamó la soberanía nacional, consagró la separación de poderes y estableció un sistema de representación parlamentaria avanzado para aquella época.

Aunque abolió la Inquisición, no puede decirse que la libertad religiosa fuera uno de sus logros, desde luego, a la vista de su contundente artículo 12: La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Un artículo que nadie se atreverá a reivindicar en público hoy, pero que alguno recordará con íntima añoranza.

Pero también llama la atención el artículo inmediatamente posterior, el 13, esta vez por lo avanzado de su planteamiento:

El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

No es que la Constitución de 1812 consagrara, ni mucho menos, lo que hoy conocemos como Estado del Bienestar, un invento del siglo XX fruto de circunstancias económicas, sociales y políticas muy posteriores a las Cortes de Cádiz. Pero ese artículo 13 contiene una declaración de intenciones, preludio del Estado social, que bien podría considerarse contraria a los planteamientos más radicales del neoliberalismo actual: que el Estado y el Gobierno deben ser mínimos, limitándose a garantizar la seguridad, la libertad y la justicia, dejando el bienestar a la exclusiva responsabilidad de cada individuo.

Hoy que tanto se cuestiona nuestro Estado del Bienestar, basado en un justo y eficaz equilibrio de las responsabilidades individuales y colectivas, y en una sabia conjugación de la libertad con la igualdad, es el momento de recordar y reivindicar, entre otros, el artículo 13 de la Constitución española de 1812.

No a la Reforma Laboral

¿Es la regulación laboral la causa principal del altísimo desempleo en España? A juzgar por lo que ha dicho Rajoy (que la Reforma va a «evitar otros tres millones de despidos»), no sería la causa principal, sino la única. El estallido de la burbuja inmobiliaria española y el parón del crédito motivado por la crisis financiera internacional seguramente no han tenido nada que ver. Ni tampoco tendrían explicación aparente las diferencias en la tasa de paro entre Guipúzcoa y Murcia, con la misma legislación laboral vigente en ambas provincias. Por no hablar de los miles de millones de euros dedicados a inversiones fallidas por bancos y, sobre todo, cajas de ahorros.

Habría que preguntarse dónde acaba la verdadera necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo (que, sin duda, existe) y dónde empieza el puro y simple interés por abaratar costes laborales. O lo que es lo mismo: dónde la crisis pasa de ser un problema a ser un simple pretexto.

Esta Reforma Laboral dinamita algunos pilares básicos del Derecho del Trabajo español: causalidad del despido (que se elimina durante un año para las pymes) y fuerza vinculante de la negociación colectiva (que se lleva a una escala, la empresa, donde los trabajadores no tienen capacidad real de negociación). Sólo por estas razones ya es rechazable. Pero además está perfectamente diseñada para provocar a medio plazo una bajada generalizada de salarios. ¿Hay garantías de una adecuada reinversión productiva del ahorro empresarial que va a generarse con esa bajada de salarios?

El otro día vi en el Telediario un pequeño reportaje sobre una empresa alemana que se dedicaba a la fabricación de baterías eléctricas. La empresa era bastante pequeña, pero muy competitiva. Su propietario dijo que el 100% de los beneficios se reinvertían en la propia empresa. No tenía aquel hombre pinta de haber dedicado los beneficios de su empresa de baterías a promociones inmobiliarias. Y se mostraba tranquilo con la competencia de los países emergentes: «Alemania fabrica lo que esos países necesitan». Pues eso.

Este joven #nimileurista reflejado por Erlich en su viñeta será pronto uno de los delegados de personal que tendrán que negociar, de tú a tú con su jefe, el mini-convenio de su empresa. Seguro que lograrán un acuerdo justo y equilibrado.

5 reflexiones para un 5º aniversario

Este blog llega a su quinto aniversario con los deberes sin hacer (porque han pasado muchas cosas en las últimas semanas que me hubiera gustado comentar). Pero aquí está, otro año más, resistiendo la competencia interna de Facebook (Antonio Jesús García Conesa) y Twitter (@garciaconesa), y mi creciente falta de tiempo.

De forma muy breve, me ‘pondré al día’ con algunas reflexiones que tenía pendientes:

¿Un año en período de prueba?

Llegó la reforma laboral «agresiva», donde el abaratamiento del despido es quizá lo de menos, si lo comparamos con otras previsiones que son auténticas cargas de dinamita colocadas estratégicamente en pilares básicos del Derecho del Trabajo. ¿Convenios de empresa con preferencia sobre los de sector? ¿Pero alguien se cree que en determinadas empresas los trabajadores tienen capacidad, fuerza e independencia suficientes para negociar de tú a tú con el empresario? ¿Un año en período de prueba sólo porque la empresa tenga menos de 50 trabajadores, cuando los máximos están en 6 ó 2 meses, según que el trabajador sea o no técnico titulado? ¿Es que los empresarios pequeños necesitan 6 veces más tiempo que el resto para observar y valorar la capacidad y la aptitud del trabajador? ¿Por qué lo llaman período de prueba cuando quieren decir despido libre y gratuito? Hubiera sido más honesto llamar a las cosas por su nombre.

Restringir el derecho de huelga, cuando menos huelgas hay

Aprovechando el río revuelto de la crisis y de la reforma laboral, la patronal ha sugerido restringir el derecho de huelga. Pero llama la atención que esta propuesta se realice precisamente con la conflictividad laboral a la baja (ver). Es verdad que la huelga la tenemos todavía regulada por un decreto-ley del año 77, previo a la Constitución, y que ningún Gobierno de la democracia se ha atrevido a negociar y promover una nueva y necesaria Ley de Huelga. Pero de ahí a restringir las condiciones de su ejercicio, precisamente cuando menos se ejerce… Intentan disfrazar de necesidad lo que es puro y simple interés. Y aquí se ha visto claramente.

Acuerdo comercial UE-Marruecos

Sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, tan perjudicial para el campo murciano, cinco apuntes. Valcárcel ha dicho que hay que quitar la «careta» a los socialistas es este asunto. Veamos en realidad quién tiene más careta (o más cara):

1. El acuerdo actual se adopta en desarrollo del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación comercial UE-Marruecos, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000 y en el que ambas partes se comprometían a «crear gradualmente una zona de libre comercio» con 2012 como horizonte máximo.

2. El Consejo de Ministros de la UE está dominado por la derecha, ya que los conservadores gobiernan en una mayoría de Estados miembros (Francia y Alemania, entre ellos). Hubiera bastado que Rajoy convenciera a sus ‘compañeros’ de partido europeos para frenar o suavizar el actual acuerdo.

3. El Partido Popular Europeo (PPE) tiene mayoría en el Parlamento Europeo. Si el PPE no hubiera querido, el acuerdo no se hubiera aprobado.

4. Utilizando su mayoría, el PPE ha tumbado en el Parlamento Europeo una enmienda socialista que pedía compensaciones económicas para resarcir a los agricultores más afectados por la aprobación del acuerdo UE-Marruecos.

5. Valcárcel es el Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones de la UE y presume de influencia en Bruselas, donde dicen que acabará su carrera política. Sin embargo, a pesar de su posición en este órgano comunitario y de su supuesto peso en Bruselas, no ha sido capaz de frenar o suavizar este acuerdo.

Una buena iniciativa, con muchas dudas y riesgos

El Gobierno ha anunciado un plan de pagos para que los bancos adelanten a los proveedores de las Administraciones públicas el importe de sus facturas pendientes de cobro. De momento quedan muchas dudas en el aire, aunque la idea es buena y positiva para tantas pequeñas y medianas empresas que sufren la morosidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (de unos más que de otros, no lo olvidemos nunca). ¿Quién asumirá el coste financiero de esta operación? ¿Existe el riesgo de que algunos alcaldes se ‘relajen’ al no tener la presión de los acreedores, y vuelvan a gastar más de la cuenta? Para evitar este riesgo les van a exigir que presenten un plan de ajuste; pero, cuidado, que sin las exigencias y controles necesarios estos planes se pueden quedar en papel mojado. Precedentes hay. En cualquier caso, no vayamos a confundir a nadie: con este plan, ni el Estado paga, ni los Ayuntamientos dejan de deber. Se trata simplemente de transformar deuda comercial en deuda financiera. Sólo habrá cambios de acreedor… y, de momento, muchas dudas por despejar.

Adiós a Público

Quien no podrá celebrar su quinto aniversario, al menos en su edición de papel, es el diario Público, que cierra después de cuatro años y medio. De vez en cuando lo compraba y el viernes lo hice sin ser consciente de que era su último número. Reconozco que con frecuencia su línea editorial se me quedaba algo a la izquierda. Pero su voz era necesaria ahora que las ortodoxias, todas, se revelan cada vez más cuestionables. Público estaba a la izquierda del PSOE sin ser anti-PSOE. Esa era, para mí, su gran virtud y su inestimable contribución a la unidad plural del centro-izquierda español. Pero, valoraciones ideológicas aparte, lo bochornoso es ver cómo en el periódico La Gaceta, de Intereconomía, se celebraba impúdicamente su desaparición. Como decía Juan Ramón Lucas en Twitter, «lo patético es que en breve él quizá lleve el mismo camino». Público continuará, al menos de momento, en su edición digital. 

Este blog también continuará, deseando que sigáis ahí, queridos lectores, durante el próximo lustro. Gracias.

El foco

El Telediario de ayer, miércoles, dedicó quince minutos largos a informar sobre el debate celebrado en el Congreso de los Diputados esa misma mañana, en el que Rajoy se enfrentaba por vez primera a un Rubalcaba convertido ya en Secretario General del PSOE. Son tantos los grupos políticos que hay en la cámara en esta legislatura, que a poco que se quiera dar un pequeño corte de sus intervenciones se tiene que ampliar el espacio informativo dedicado a las sesiones parlamentarias. Además, el debate de ayer tenía especial importancia informativa. En cualquier caso, me parece estupendo que los medios de comunicación ―y especialmente la televisión pública― sean generosos con el tiempo dedicado a la información política. Hace falta, a pesar de todo.

En ese tiempo dedicado por la televisión estatal al debate parlamentario, millones de españoles pudieron ver la confrontación de ideas y argumentos entre el Presidente del Gobierno y los líderes de la oposición. Igual ocurrió con los informativos de cadenas privadas, en las principales emisoras de radio, en los cinco o seis periódicos de tirada nacional y en las páginas de nacional y de opinión de los diarios regionales. Hoy nos desayunamos con los malos presagios de Rajoy, con los reproches y las propuestas de Rubalcaba, y con otros muchos datos y opiniones sobre política nacional e internacional que nos ofrecen los medios. Y esas palabras y esos datos se comentarán en el bar de la esquina con el primer café de la mañana, en las paradas para almorzar de los trabajos y en la mesa familiar a la hora de la comida. Se comentarán mucho o poco, a veces con más profundidad y otras con menos. Pero se comentarán. Rajoy dijo ayer en el Congreso que a finales de año habrá más paro todavía; algo que para algunos será motivo de decepción y reproche, y para otros la inevitable consecuencia de la herencia recibida. Pero, ¿quién habla de la última sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional? ¿En qué bar de Fuente Álamo se comentan, con el primer café de la mañana, las decisiones adoptadas la semana pasada en el Pleno del Ayuntamiento?

Hoy, la mayor parte del dinero público lo administran las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Son también estas Administraciones las que gestionan los servicios más importantes, como la Sanidad y la Educación: las que inciden de una forma más directa en el bienestar de los ciudadanos. Y no hablemos ya de carreteras, turismo, comercio o servicios sociales, por citar sólo algunas competencias regionales. Sin embargo, después de 33 años de democracia y de Estado de las Autonomías, los españoles seguimos realizando nuestras reflexiones y valoraciones políticas en un marco casi exclusivamente nacional. No terminamos de ver la trascendencia política de lo que hay por encima del Estado (la Unión Europea, el mundo global), ni la enorme importancia política y presupuestaria de lo que hay por debajo (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). Por supuesto que hay gente que lee los periódicos regionales y locales, y que tiene una posición sobre los principales asuntos de la actualidad autonómica y municipal; pero son una minoría en el conjunto de la población. Para una mayoría de españoles, y no digamos ya de murcianos, el foco de su opinión política se dirige casi en exclusiva hacia Madrid.

En esto es determinante la preeminencia de los medios de comunicación de ámbito nacional sobre los regionales y locales. Son aquéllos los que, en definitiva, forjan una opinión pública orientada a la política nacional en una proporción muy superior a la que correspondería por peso político y presupuestario. Pero también, quizá, dejó su huella el caudillismo del «régimen anterior»: es un solo hombre ―entonces Franco, ahora el Presidente del Gobierno de turno― el timonel de la patria, el que la conduce personalmente al éxito o al fracaso con sus providenciales decisiones.

Esta incorrecta (o desproporcionada) focalización nacional del debate político conduce a resultados como la conversación escuchada por un amigo en el Hospital ‘Santa Lucía’ de Cartagena. Estando en cola para pagar el tiquet del aparcamiento ―que es de pago por decisión de nuestro Gobierno regional―, un hombre de mediana edad le dijo a su mujer: «¡Esto es lo único que nos han dejado los socialistas y el hijoputa de Zapatero: pagar, pagar y pagar!». Y eso después de 30 años de autonomía en la Región de Murcia, de 16 años de gobierno del Partido Popular con Valcárcel al frente de nuestra Comunidad Autónoma; y después de 10 años desde que se transfirieron las competencias sanitarias a Murcia. El hospital lo habrá construido la Comunidad Autónoma y habrá sido su Gobierno el que haya decidido ―con sus motivos, los que sean― que el aparcamiento sea de pago. Pero hay que ver cuánto da de sí el Principio de Culpabilidad Universal de Zapatero, que todo lo cubre más allá, incluso, de su muerte política (gracias al incuestionable derecho de herencia). Y qué cómodos están algunos en sus responsabilidades regionales y municipales, después de 16 años, lejos del foco fiscalizador de la opinión pública mayoritaria.

Corregir esto debe ser un objetivo irrenunciable para quienes estamos en la oposición en zonas de penumbra informativa; no sólo por nuestros legítimos intereses electorales, sino también por la salud de la democracia. Sin foco no hay opinión pública; sin opinión pública no hay una completa rendición de cuentas; y sin ésta, la democracia languidece, se atrofia y enferma.

Las dos Españas

¿Debe ser la ‘democracia interna’ muy diferente de la ‘democracia externa’?

Solemos hablar de "democracia interna" al referirnos a la exigida a organizaciones como los sindicatos, las asociaciones empresariales o los partidos políticos. Recordemos en este sentido lo que dicen los artículos 6 y 7 de la Constitución española. Por contraposición, llamaré "democracia externa" a la del sistema político en sus distintos ámbitos territoriales: estatal, autonómico y local.

La reflexión que quiero hacer es la siguiente: ¿Debe ser la democracia interna de un partido político sustancialmente diferente a la democracia externa? Mi respuesta es no, salvo para un aspecto que más adelante detallaré, en el que una y otra deben mantener o agrandar sus distancias.

Para empezar: ¿Deben una y otra utilizar mecanismos distintos de expresión de la voluntad y de representación? Creo que no.

Empecemos por tazar, entre la democracia externa y la interna, los siguientes paralelismos o correspondencias:

Militancia / Ciudadanía

Comité / Parlamento

Ejecutiva / Gobierno

Secretario General / Presidente del Gobierno

La primera cosa que observamos es que los Congresos de los partidos políticos no tienen una correspondencia clara en el sistema político externo. ¿Qué son? ¿Tal vez una especie de Asamblea constituyente que se reúne periódicamente y que encarna por delegación la ‘soberanía’ del partido, que reside, teóricamente, en la militancia? Tal vez. Sus funciones son básicamente tres: elección de cargos, modificación de estatutos y definición de marcos programáticos. Pues bien, creo que la primera de ellas debe cuestionarse y revisarse.

Cuando nacieron los partidos políticos modernos, en el siglo XIX, los medios de transporte y las comunicaciones no posibilitaban la integración de la voluntad de todos los militantes en un proceso de elección directa de los dirigentes del partido. Surgió así la necesidad de convocar un congreso con delegados compromisarios que votaban en nombre y representación de los compañeros de su ámbito. Pero en pleno siglo XXI, ¿tiene alguna justificación que entre electores y elegido se interpongan dos niveles de delegación? ¿No es esto una auténtica democracia orgánica, en tanto que la voluntad de los individuos se ve innecesariamente mediatizada por dos niveles de la organización?

En nuestra democracia externa, las distintas candidaturas se agrupan en torno a unas siglas fácilmente identificables, de manera que, aunque el ciudadano no elige directamente al Presidente del Gobierno (porque en realidad lo hacen los diputados en la sesión de investidura), en la práctica sí puede afirmarse que lo hacen. Sólo los ciudadanos de Madrid pudieron votar directamente a Rubalcaba o a Rajoy en las últimas Elecciones Generales, pero en realidad todos los que votaron en el resto de España al PSOE o al PP estaban expresando de una forma bastante directa su voluntad de que uno u otro fuera Presidente del Gobierno. Voluntad que ―sistema electoral mediante― seguía un hilo conductor bien definido: los diputados socialistas elegidos por Murcia votarían por Rubalcaba en la sesión de investidura; y los del PP, lo harían por Rajoy. Y así en todas y cada una de las circunscripciones electorales.

Pero en la democracia interna del PSOE, ¿cuál es el ‘partido’ de Rubalcaba y cuál el de Chacón? ¿Cuál sería el ‘partido’ de un hipotético tercer candidato, que ―otra paradoja del sistema― podría aparecer después de celebradas las asambleas y congresos previos de elección de delegados? En definitiva, ¿qué hilo conductor transmite la voluntad del militante, cuando además los delegados no están sometidos a mandato imperativo?

La solución, sin embargo, no puede venir con la creación de ‘partidos’ dentro del partido o de candidaturas pre-posicionadas de delegados. Es precisamente en este punto donde creo que la democracia interna debe apartarse de los mecanismos propios de la externa. Un partido es un actor político que debe mantener una cierta cohesión interna. En mi artículo anterior abogué por un partido plural de amplio espectro ideológico y con debate interno, pero eso no implica que dentro del mismo deban definirse y organizarse ismos ideológicos, personales o territoriales.

La solución debe venir por la elección directa del Secretario General, en todos los niveles de la organización. Elección por sufragio universal de los militantes, que tendría tres virtudes: a) es puramente democrática; b) previene la formación de sectores, familias y grupos; y c) reduce la necesidad de posicionamientos previos de carácter estratégico que puede llevar a militantes y delegados a decantarse no por el mejor candidato para el partido, sino por aquel que les garantice mejores expectativas personales.

Siguiendo con el análisis del paralelismo entre democracia interna y externa, debemos preguntarnos qué es la Ejecutiva sino el Gobierno del partido, con sus Secretarios/Ministros y su Secretario General/Presidente. Siendo así, éste, una vez elegido por el conjunto de la militancia, debería gozar de la máxima libertad para configurar su equipo, sin necesidad por tanto de que el Congreso o el Comité lo valide a posteriori. Como su propio nombre indica, las Ejecutivas deben ser órganos puramente ejecutivos, no representativos; y sus miembros, lejos de representar territorios o familias, deben serlo en virtud exclusiva de su mérito y capacidad libremente apreciados por el Secretario General bajo su criterio y responsabilidad. Del mismo modo y por las mismas razones que un Presidente del Gobierno designa y dispone libremente el cese de sus Ministros.

Sigamos con el paralelismo trazado. Si aceptamos que el Comité, en los distintos ámbitos, es el "Parlamento" de la organización, debería elegirse también directamente por los militantes y funcionar como un auténtico órgano parlamentario. Y debería tener mejor definidas sus funciones e instrumentos para el control de la Ejecutiva.

Basándome en estas reflexiones, la reforma de la democracia interna en el Partido Socialista, en los distintos niveles de la organización, podría basarse en las siguientes propuestas:

1. El Secretario General será elegido por sufragio universal, directo y secreto de todos los militantes, celebrándose una segunda vuelta si en la primera ninguno de los candidatos obtuviera mayoría absoluta.

2. Los miembros de la Ejecutiva serán elegidos libremente por el Secretario General, sin necesidad de aprobación ulterior por parte de otro órgano del partido.

3. El Comité también será elegido mediante sufragio universal, utilizando como circunscripción la estructura del partido inmediatamente inferior, y sin perjuicio de que haya determinados miembros de carácter vitalicio o nato. La elección se realizará mediante lista única abierta, donde todos los candidatos compitan a título personal y sin más encuadramiento previo que el que ellos mismos deseen expresar. A imagen y semejanza de las cámaras legislativas, el Comité se organizará en Comisiones, una por cada una de las secretarías existentes en la Ejecutiva. Estas Comisiones controlarán e impulsarán el trabajo de las distintas secretarías sectoriales. Además de aprobar reglamentos y resoluciones, el Comité ejercerá de forma bien definida funciones de control a la Ejecutiva, a través de preguntas e interpelaciones concretas dirigidas a un miembro concreto de la misma.

4. Los avales exigidos para ser candidato, cuando sean necesarios, deben configurarse como un mero filtro de idoneidad, no como un voto anticipado y publicado que conlleva el posicionamiento previo del avalista. En consecuencia, debe permitirse que un militante avale a más de un aspirante.

5. Inmediatamente después de las elecciones a Secretario General y Comité (simultáneas, con dos urnas), se celebraría el Congreso, con tres funciones: 1) la proclamación meramente formal del Secretario General salido de las urnas y la presentación por parte de éste de su Ejecutiva; 2) la modificación de los Estatutos, si procede; y 3) la definición del marco programático general del partido. 

La democracia interna del PSOE debe parecerse más a la democracia externa del sistema político en el que desarrolla su función (sin dejar de aspirar a mejorar la externa también, por supuesto); aunque manteniendo y agrandando una diferencia fundamental: mientras que la externa es una democracia de las personas a través de los partidos, la nuestra debe ser una democracia de las personas a través de las personas donde las primeras voten ―todas― con plena libertad, y las segundas compitan a título personal, por las capacidades que tienen y las ideas que representan. Sólo entonces tendremos un partido dirigido por los mejores.

Un gran partido-plataforma para la izquierda y el centro-izquierda

Después de las derrotas de mayo y noviembre, algunas voces en el PSOE hablan de «girar a la izquierda» como forma de volver a conectar con el electorado perdido en los últimos años. Hablan de recuperar valores, principios y programas que recuperen una esencia que unos llaman socialista y otros, socialdemócrata. 

Podría estar de acuerdo con ellos, si no fuera porque creo que el PSOE debe girar a la izquierda y al centro al mismo tiempo. Sí, están leyendo bien: girar a la izquierda y al centro a la vez. Es algo perfectamente posible si, aceptando que debemos definirnos ideológicamente en lo esencial, entendemos que definir, cuando tiene el sentido de remarcar, de dar nitidez, no implica necesariamente restringir.

El PSOE debe girar a la izquierda por las razones que muchos ya han expuesto. Los 11 mitos económicos que ya no sirven para 2012, publicados el sábado en Público, dan una buena muestra de que hay margen para ese giro en política económica. Una crisis causada por la desregulación, la especulación y el desbocamiento de los mercados al amparo de principios defendidos por la derecha neoliberal no puede saldarse con más neoliberalismo y el desmantelamiento de un Estado del Bienestar que no está en la génesis de la crisis. 

Pero el PSOE también debe girar al centro en el sentido de abrazar con más determinación valores como el esfuerzo, el emprendimiento, la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad. Valores que no podemos dejar en monopolio del Partido Popular, ni enterrar bajo un programa demasiado postmaterialista para tiempos de crisis. La imagen que hemos podido transmitir a millones de españoles es que, mientras el país se desangraba por la destrucción de empleo, el PSOE andaba preocupado por cosas como el orden de los apellidos. 

No es que el Partido Socialista se haya desentendido de esos valores que ahora reivindico. Los hemos atendido, sí, pero sin hacerlos nuestros, sin incorporarlos suficientemente a nuestra identidad política. En estos ocho años el PSOE ha hecho una buena política de seguridad ciudadana, pero ésta no ha formado parte de nuestro discurso político, cuando además es un valor perfectamente modulable con nuestros principios. ¿O no es social incrementar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar una seguridad para todos y no sólo para aquellos que pueden pagársela privada? Otro ejemplo. Con el PSOE se ha producido el mayor avance en derechos para los trabajadores por cuenta propia: la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo, la extensión de derechos laborales a los autónomos económicamente dependientes, más y mejores coberturas de la Seguridad Social… Y, sin embargo, salgamos a la calle y comprobaremos lo lejos que estamos de ser «el partido de los autónomos» o siquiera un partido con el que se identifique y se sienta cómoda una parte significativa de autónomos.

Articular ese doble giro a izquierda y centro requiere un partido plural en el que coexistan y debatan democráticamente distintas sensibilidades ideológicas de la izquierda y el centro-izquierda. Un partido que, dentro de unos valores y principios comunes, estables y bien definidos, vaya adaptando su programa político a las necesidades y demandas mayoritarias de la sociedad española y también, por qué no, a la coyuntura política, social y económica del país. Es la democracia dentro de la democracia y el pluralismo político dentro del pluralismo político.

En Europa encontramos muchos ejemplos de unidad e integración en organizaciones de amplio espectro ideológico en el centro-izquierda. Podemos hablar del Partido Laborista británico, sin alternativa parlamentaria a su izquierda. Podemos fijarnos en el Partido Socialista francés, donde sus candidatos a las primarias representaban no sólo distintas opciones personales de liderazgo, sino también diferentes propuestas programáticas dentro de unos valores y principios comunes. Otro ejemplo de integración, quizá el más claro, lo encontramos en il centrosinistra italiano representado por el nuevo Partido Democrático, en el que se han integrado desde excomunistas procedentes del antiguo PCI hasta la Democracia Cristiana, pasando por socialistas de diversa índole. Eligieron a su Secretario Nacional mediante primarias abiertas a simpatizantes y hoy son el partido europeo con mayor número de militantes. El propio Partido Socialista Europeo es un ejemplo de integración de sensibilidades ideológicas diversas, pero, sobre todo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D).

Ninguno de estos partidos y organizaciones tienen que ser el modelo exacto a seguir por el PSOE. En todas ellos podremos encontrar virtudes para imitar y errores que evitar. Pero sí refuerzan una idea que debemos tener clara: frente a un centro-derecha unido y plural, un centro-izquierda unido y plural. El bipartidismo resultante será un mal menor, si lo comparamos con el multipartidismo asimétrico que ha dado al PP una mayoría absoluta aplastante, con menos votos que los obtenidos por el PSOE en su mayoría simple de 2008. Se trata de una unidad más necesaria que nunca, ahora que neoliberales y neocons pretenden imponer su programa de máximos utilizando la crisis como pretexto.

Esa necesaria integración de la izquierda y el centro-izquierda necesita de una gran organización que aúne la cohesión y la disciplina interna propias de un partido, con la capacidad de inclusión menos formal de las plataformas. Es necesario abrirnos con nuevas vías de participación y organización (ya hay propuestas encima de la mesa en este sentido) y, sobre todo, integrar a independientes de izquierda y centro-izquierda en todos los ámbitos de la acción política, incluidas las candidaturas.

Para ello es necesario un ejercicio de generosidad en tres sentidos. En primer lugar, generosidad a la hora de aceptar que los programas y la acción política del partido no siempre va a coincidir de forma exacta con nuestros planteamientos y convicciones personales. Para construir un partido de amplio espectro ideológico debemos primero instalar el gran angular en nuestras cabezas. Una vez leí en Facebook el comentario de un militante, que decía más o menos así: «Pedí la baja del partido cuando le concedieron la Medalla de Andalucía a la Duquesa de Alba. Tres años después, volví a afiliarme». Con planteamientos así no vamos a ninguna parte.

En segundo lugar, debe haber la generosidad necesaria para favorecer la renovación de líderes y cuadros intermedios y el natural relevo generacional. Complementariamente, debe establecerse en la organización una cultura del reingreso que permita volver a la primera línea a aquellas personas que, en su día, dieron generosamente un paso atrás, pero cuya experiencia pueda de nuevo ser útil al partido y a la sociedad.

Pero también es imprescindible la generosidad para el trabajo. Con frecuencia se escuchan voces pidiendo voz y protagonismo a las bases del partido. Y no les falta razón. Pero no basta con repetir eso como un mantra. También hay que lanzar un mensaje complementario a esas bases: hay que trabajar más por el partido, y hay que hacerlo sin esperar nada a cambio. El discurso no sirve si no se complementa con el trabajo. Ora et labora. Porque si no trabajamos, no llegamos, no convencemos. Indignarse está muy bien, pero luego hay que trabajar. 

Solemos decir que el PSOE es el partido que más se parece a España y a los españoles. ¿Estamos seguros? Trabajemos para que esto sea cierto abriendo el partido orgánica e ideológicamente. ¿Qué sentido tiene una mayor democracia interna si no hay margen de ideas para debatir y decidir? Para ser grande es necesario tener grandeza y amplitud de miras. Enrocarse es encerrase. Esa no puede ser la salida.

Acaba 2011

Llegó 2011 y, apenas un mes después, Bruno, mi tercer hijo. Se me acumulaba el trabajo como padre de familia ya numerosa, como profesor y como candidato, a poco más de tres meses de las elecciones municipales. Por eso este blog cumplió cuatro años con menor ritmo de publicaciones. Tenía que conciliar porque no había (ni hay) tiempo suficiente para todo. En ciertos niveles de la política los «privilegios» quedan demasiado lejos. Se acercaba la campaña y, como estoy convencido de que la política municipal es algo más que cosa de farolas, contenedores y festejos, tuve que esforzarme en explicar nuestro programa y sus propuestas frente a los grandes problemas sistémicos que aquejan al Ayuntamiento de Fuente Álamo. Tuve que hablar de austeridad, de transparencia, de participación, de eficacia… Desde luego ha sido un año intenso en mi vida, en el que he contado con el apoyo de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de partido y candidatura. Y quiero dar las gracias a todos ellos. Presentarme a las elecciones ha sido una experiencia positiva y enriquecedora. Puede parecer un tópico, pero lo digo de verdad. Aunque nuestro objetivo era ganar, el resultado fue muy satisfactorio: duplicar concejales y recortar 22 puntos al PP, con la que estaba cayendo. Estoy convencido ―cada día más― de la importancia de la oposición en la democracia y en la absoluta necesidad de su trabajo para que las cosas funcionen algo mejor. Me gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos, aunque en política todo es mejorable siempre, y por eso aceptamos críticas y sugerencias. Seguiremos trabajando intensamente a lo largo de la legislatura, por dos razones: la primera, porque es nuestro deber (y para eso nos han votado más de 2.000 ciudadanos); y la segunda, porque estamos convencidos de que en 2015 se recogerán los frutos de este trabajo. Nuestro lema de campaña era Vamos a hacerlo bien, y lo estamos cumpliendo en nuestro papel de oposición. Acaba 2011 y os deseo un feliz 2012, especialmente a todos aquellos que lo estéis pasando mal por esta interminable crisis, o por cualquier otro motivo personal o familiar. Ánimo y fuerza a todos.

¡Inocentes!

Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

Año 2000: «El trasvase se hace por cojones. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón».

Año 2011:  «Solo si hubiera sobrante -de agua- se podría pensar en la posibilidad de transferencia de cuencas excendentarias a deficitarias».

Feliz Navidad

La musiquilla de Pocoyó sonando de fondo en el salón me ha inspirado la felicitación de este año. Feliz Navidad a todos.

Iniciativas GMS

Siempre he pensado que de poco sirve hacer oposición si los ciudadanos no se enteran de lo que haces, de las mociones que presentas al Pleno, de los ruegos y preguntas que le planteas al equipo de gobierno, de las solicitudes y recursos que registras.

La democracia es la política en público (Bobbio), y para dar a conocer, aún más, nuestro trabajo desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fuente Álamo, hemos abierto la web 'Iniciativas GMS', accesible desde la dirección 

www.psoe-fuentealamo.com/iniciativas

En ella iremos publicando todas y cada una de nuestras iniciativas. En la página principal aparecerán todas las presentadas, por orden cronológico inverso. Están también clasificadas en 5 categorías: mociones, preguntas, ruegos, solicitudes y recursos. Pinchando en las pestañas de arriba se pueden consultar por categorías. También se han etiquetado por temas, para que se puedan consultar mediante la "nube de etiquetas" que aparece en el margen.

En las mociones se publica un extracto de su contenido, pero se incluye un enlace para descargarlas en pdf y poder verlas completas.

También hemos insertado un formulario para que nos podáis enviar vuestras propuestas de forma completamente anónima.

La página es en realidad es un blog. Cada iniciativa se publica mediante una entrada independiente, salvo los ruegos y las preguntas, que se publican en bloque por Plenos en los que se plantean. Y cada entrada permite la publicación de comentarios (sometidos a moderación), para las iniciativas que puedan dar lugar a debate.

Espero que esta página os sirva para conocer un poco más lo que hacemos, y la complejidad y la dedicación que a menudo conlleva.

Día de la Constitución... reformada

Se cumplen 33 años desde que los españoles dimos el sí quiero a esta Constitución, que nos ha facilitado la etapa más pacífica y próspera de nuestra Historia. Es, además, el primer Día de la Constitución sin la amenaza terrorista de ETA y el primero tras la controvertida modificación del artículo 135.

Siempre que se habla de las reformas constitucionales pendientes, suele apuntarse a la reforma del Senado, a la posibilidad de mencionar expresamente las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas, de manera que queden constitucionalmente constituidas (valga la redundancia), a la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión a la Corona, y también suele plantearse la idea de constitucionalizar nuestra pertenencia a la Unión Europea con una referencia en el Título Preliminar.

Si hemos decidido ceder parte de nuestra soberanía en un proyecto de integración supranacional supuestamente irreversible como la UE, parece razonable que ésta quede formalmente reflejada en nuestra Constitución con cierta solemnidad. Pero hete aquí que la Unión Europea no ha entrado en nuestra Carta Magna por la puerta grande del Título Preliminar (por ejemplo, añadiendo un segundo apartado al artículo 2), sino por ese recóndito y oscuro artículo 135, que en su apartado 2 dice: «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros».

Espero que algún día la UE aparezca en nuestra Constitución en el lugar y con la solemnidad que se merece. Pero también espero que, en estos días, quienes la dirigen estén a la altura de las circunstancias. Porque es precisamete ahora cuando más la necesitamos.

A pesar de todo, hoy tenemos mucho que celebrar. Feliz Día de la Constitución.

«Los socialistas destrozan la economía y los conservadores la salvamos. Es falso, pero verosímil»

Una de las cosas que he tratado de explicar durante esta campaña electoral es la relativa falsedad de una idea-fuerza notablemente implantada por el Partido Popular en la ciudadanía: que el PP ya sacó a España de una crisis, en 1996. Frente a esa verdad que se nos presenta como indiscutible, para ser rigurosos, habría que precisar que cuando Aznar llegó a La Moncloa el PIB español llevaba dos años creciendo y el paro dos años bajando. Fue el resultado del cambio de ciclo económico nacional e internacional y de la gestión de Pedro Solbes como Ministro de Economía en el último Gobierno de Felipe González.

El Partido Popular tuvo que asumir el reto de reducir el déficit y el endeudamiento para cumplir los criterios de convergencia para la entrada en el euro. Y lo consiguió. No quiero negarle méritos a nadie. Lo que pretendo es negar deméritos injustamente atribuidos.

Si un partido, como el PSOE, gobierna un país durante 21 años, es más probable que le «pille» una crisis que a otro, como el PP, que sólo ha dirigido los destinos de España durante dos legislaturas (y las dos enmarcadas en un ciclo económico expansivo). Aznar gobernó con el viento económico a su favor.

Pero es muy fácil hacer calar el mensaje: si las últimas dos crisis se han producido con Gobiernos socialistas es porque PSOE = crisis. Y no hay que calentarse mucho más la cabeza. La verosimilitud está servida para quien no maneja mucha información (o no quiere manejarla). Pero lo peor de esta sencilla y falsa conclusión no es su injusticia. Lo peor es que detrás de ella quedan escondidas muchas otras responsabilidades, tanto del sector público como del privado. Cuanto más culpemos a Zapatero y al sistema político de esta crisis, menos consciente será la sociedad civil española de los muchos errores colectivos cometidos, especialmente en materia de inversiones. Luego, más posibilidad de repetir errores en el futuro.

Ayer en El País, en un irónico artículo titulado Tranquilo, presidente, Luis Arroyo escribía una carta imaginaria dirigida a Mariano Rajoy por el Departamento de Estrategia del PP. De ella he tomado el título de esta entrada: «Los socialistas destrozan la economía y los conservadores la salvamos. Es falso, pero verosímil. La gente tiende a atribuir a los líderes poderes taumatúrgicos que no tienen, y culpas que no les corresponden. Aprovechemos esa simplicidad de las narrativas colectivas».

Puesto a citar artículos ajenos, os dejo para terminar un párrafo particularmente lúcido del artículo de Ángel Montiel, La máquina de ganar, publicado en La Opinión a otro día de las elecciones:

«El PP murciano es una máquina de ganar elecciones. Otra cosa es que sea una máquina de solucionar problemas. De momento, en esta fase, desde el Gobierno regional y los Ayuntamientos, es precisamente lo contrario: una máquina de destrucción de empresas, de liquidación de empleos, el campeón regional de los impagos y la promoción de quiebras».

No ha pasado lo que siempre dijiste que iba a pasar, Ramón Luis

El diario La Verdad nos informa hoy del enfrentamiento entre el Delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, y el Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en relación al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma para cerrar el aeropuerto de San Javier al tráfico comercial y garantizar así cierta viabilidad a Corvera.

El principio de acuerdo con el que abríamos portada en el último número de nuestro boletín EnClavedeFA se convirtió en un acuerdo en firme el pasado miércoles, poniendo fin a un problema que debió quedar resuelto desde el mismo momento en que se proyectó el nuevo aeropuerto. La coexistencia de dos aeródromos comerciales separados por apenas 30 kilómetros es un disparate hoy. Pero subrayemos una cosa: también era un disparate antes de la crisis. Y ese disparate fue forjado en tiempos de Aznar por los ministros Trillo y Cascos, como bien nos recuerda Buitrago hoy en La Verdad.

Tovar y Valcárcel celebran el acuerdo, pero éste se niega a reconocer que el Gobierno de España le ha resuelto un problema. En las declaraciones que se han cruzado, Valcárcel ha dicho que este acuerdo «significa que va a pasar lo que hemos dicho siempre que iba a pasar». Pero no es exactamente así. Basta con tirar de hemeroteca.

Resulta que en julio de 2008, en la colocación de la primera piedra del aeropuerto de Corvera, Ramón Luis Valcárcel declaró que el futuro del aeropuerto de San Javier sería «decidido por el mercado, no por los políticos en los despachos» (justo lo contrario de lo que ha sucedido) [ver la noticia].

Así pues, lo que dijo Valcárcel que iba a pasar (que la concurrencia de ambos aeropuertos la resolvería el mercado, «que es muy sabio», según apostilló entonces) no tiene nada que ver con lo que finalmente ha pasado. Bien haría el soberbio Ramón Luis en aceptar con humildad sus errores y la solución a sus problemas. El cierre civil de San Javier y la gestión de Corvera por la sociedad estatal AENA al menos le ahorrará el bochorno de ver su aeropuerto sin aviones. No sería el primero en España.

(P.D.: El domingo no te olvides de defender lo que quieres. La crisis es un PROBLEMA, pero no puede ser un PRETEXTO.)

Un buen cartel

Respuesta a un indignado

Un lector anónimo me envió a la entrada anterior un comentario, haciendo unas valoraciones y pidiendo que se debatieran. Para que sea más visible, le con esta entrada. Nada mejor que empezar la campaña abriendo un debate. Reproduzco el comentario tal cual se me envió y, a continuación, mi respuesta. 

Hola querido amigo. Veo que te has tomado en serio lo de ser político. Como tal me gustaría que me resolvieras varias dudas que como ciudadano a pie no logro entender.
Llevamos un tiempo que no paramos de escuchar en la prensa noticias relacionadas con nuestra economía de que el gobierno ofrece ayudas publicas a través del FROB a nuestras cajas para sanear sus balances. Que opinas de esto, si al final a quien repercute todas estas burradas que hacen los políticos, es a los asalariados que apenas llegamos a fin de mes, a los pensionistas y parados que no podemos ahorrar. Me parece una sinvergonceria todo esto que está pasando, pues cuando amasaban enormes fortunas a nosotros no nos ha repercutido, y ahora que pierden dinero hay que darles dinero publico, y digo yo para que?
Si se van a la quiebra que se vaya y que se depuren responsabilidades civiles y penales, y que el regulador de todo este sistema que se supone es el banco de España asuma de una put* vez su responsabilidad por haber permitido lo que está pasando.
Y esto como no se solucione pronto me parece que va a acabar muy mal, pues NADIE HA IDO AUN A LA CARCEL. El pueblo pedimos justicia y que pague el que la ha echo, pero claro como los políticos os amparais en los banqueros para conseguir vuestra dosis de poder no vais a hacer NADA. Esto es INDIGNANTE!!
Agradeceria que publicaras este post y se debatiera.

Estimado lector anónimo:

Efectivamente, me tomo bastante en serio lo de ser concejal portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Es lo menos que puedo hacer. Y eso, por supuesto, es ser ‘político’. No soy de los que van por ahí diciendo «yo no soy político» mientras están ocupando un cargo público electivo o un puesto de responsabilidad en un partido, como si ser político fuera algo malo que hubiera que ocultar o negar. La política es una función de la que no se puede prescindir, como no se puede prescindir de la medicina, la fontanería o la enseñanza. Observa que hablo de «función», como concepto más amplio que el de profesión. Porque otra discusión sería si la política debe ser o no una profesión y en qué medida. Según se mire: es malo que una persona necesite la política para vivir, pero es bueno que la ejerza con profesionalidad.

Como he dicho, no tengo ningún inconveniente en considerarme político. Ahora bien, no me puedo dar por aludido cuando dices que «como los políticos os amparáis en los banqueros para conseguir vuestra dosis de poder, no vais a hacer nada». Porque mi ‘dosis de poder’ ―si es que tengo alguno― no se la debo a ningún banquero, sino a las 2.071 personas que nos han votado en Fuente Álamo.

Sobre la cuestión que planteas, lo primero que debemos aclarar es que el FROB no regala dinero a los bancos, sino que se lo presta comprando participaciones y activos, y otorgando avales. Con carácter general, no son ayudas a fondo perdido, como piensa mucha gente. Es más, el Estado ya está cobrando intereses por esas inversiones.

Llevas toda la razón cuando pides que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales ―y políticas, añado yo― por todo lo que está pasando en algunas cajas de ahorros. Teniendo en cuenta que son «entidades de crédito de carácter social, origen fundacional y sin finalidad lucrativa», cuesta entender que se hayan dedicado a inflar burbujas apostando por la economía especulativa. Habrá que buscar responsabilidades en los políticos autonómicos, pues son las Comunidades Autónomas las que ejercen el «protectorado público» de las cajas y las que nombran, junto con los representantes de las Corporaciones Locales, a buena parte de sus directivos.

Cuando el año pasado Valcárcel entonó el mea culpa y reconoció que, en materia de modelo productivo para la Región, había habido «errores de planteamiento» y «decisiones de Gobierno» que había que «perfeccionar y enmendar», dijo también que «simplemente pusimos el acento donde creíamos que había que ponerlo». Supongo que esa primera persona del plural incluía a las principales cajas que operan en nuestra Región, que se lanzaron a financiar la burbuja inmobiliaria con tanta «bravura» ―como eufemísticamente diría Clemente García (ver)―.

Pero una cosa es depurar todas las responsabilidades (que cuando son civiles y penales corresponde determinarlas a los jueces, no a los políticos), y otra bien distinta que se deje caer a los bancos. Porque si caen los bancos, caemos todos. Contraponer el pueblo y la banca como conceptos abstractos, separados y con intereses diametralmente contrapuestos, es un recurso muy habitual entre los indignados y los guardianes de las esencias de la izquierda. Pero no se ajusta del todo a la realidad. Cuando hablamos de la banca también debemos pensar en los pequeños accionistas, en los pensionistas que con mucho esfuerzo guardan sus ahorros, en los que tienen planes de pensiones grandes y pequeños, en los autónomos que necesitan financiar su negocio… Después de la indignación, hay que pararse a pensar un poco en las consecuencias que hubiera tenido dejar caer a los bancos y cajas.

Puede que ayudarlos no sea justo desde el punto de vista estricto de los principios, pero pensemos en las consecuencias prácticas y valoremos si éstas hubieran sido justas. Es verdad que esta situación conlleva un cierto chantaje implícito: «si no me ayudas, si me dejas caer, detrás vendrá el caos». La solución: primero, evitar el caos; después, exigir responsabilidades; y en tercer lugar, sentar las bases para que no vuelva a suceder.

Por eso esta crisis debe servir para revisar muchas cosas en los mercados financieros, para establecer más regulación y más controles (cosa que a la derecha no le gusta nada), para definir nuevos delitos en el Código Penal, para exigir a las entidades financieras un mayor compromiso con la economía real y con la sociedad. ¿Una banca pública que coexista con la privada? Tal vez, por qué no.

Otro problema que estoy observando: se están confundiendo las causas de la crisis con las consecuencias. Ahora se habla mucho de la insostenibilidad del Estado del Bienestar, de que hay que adelgazar las Administraciones, de que si sobran liberados sindicales… Todo eso podemos discutirlo, pero eso son las consecuencias de la crisis, no las causas. Esta situación no se ha producido porque el gasto sanitario o educativo fuera muy elevado, o porque hubiera muchos liberados sindicales. Las causas hay que buscarlas en el sector financiero (privado), que ha financiado lo que no tenía que haber financiado, y en el sector inmobiliario (privado) que ha crecido mucho más de la cuenta en detrimento de otras actividades económicas. Estamos ante una crisis provocada por el sector privado que tiene como consecuencia la insostenibilidad del sector público.

Hablas de «burradas que hacen los políticos». Sí, pero lo que hoy vemos como «burradas» hasta hace tres años eran valientes ambiciones para el desarrollo económico de nuestros pueblos y regiones. Y es verdad que el Gobierno de Zapatero no frenó la burbuja inmobiliaria que se encontró en 2004 (quizá no fue posible, como no es posible frenar una bola de nieve que, ladera abajo, rueda sin control, cada vez más rápido y cada vez más grande… hasta que choca con el árbol de la crisis financiera internacional). Pero sólo desde el PSOE (y ahora hablo pensando sobre todo en el PSRM) se alzaron voces críticas con el modelo, mientras el PP lo aplaudía sin fisuras ni matices. Convendría recordarlo a la hora de votar (que ya estamos en campaña).

Corredores

Rajoy pacta listas conjuntas con un partido nacionalista y antitrasvasista

El diario La Verdad nos hablaba ayer del libro La tribu del agua, una historia sin final. La odisea del trasvase Tajo-Segura, del periodista Manuel Buitrago. Según la reseña, la obra «condensa los últimos siete años más intensos de la guerra del agua» y «ofrece claves y cuenta aspectos inéditos de la larga lista de protagonistas, así como la trastienda donde se tomaban algunas decisiones». Y dentro de esa trastienda nos recuerda «el pago que exigió Esquerra Republicana por apoyar a Zapatero»: la derogación del trasvase del Ebro. Eso es lo que ha quedado y lo que quedará en la memoria política de una mayoría de murcianos.

Pero hace bien Buitrago en calificar su libro como «una historia sin final». Porque las cosas en este asunto no son tan sencillas.

Hoy hace una semana que Rajoy fue a Zaragoza para firmar con el Partido Aragonés un acuerdo para llevar candidaturas conjuntas en las próximas elecciones generales. Eso significa que PP y PAR irán juntos y revueltos en la misma papeleta, para sumar así sus votos en las tres provincias aragonesas. Sorprende, sin embargo, que el españolísimo Partido Popular celebre este tipo de pactos con un partido que ha llegado a definirse como nacionalista (de hecho, en 1990 eliminaron de su nombre la expresión ‘Regionalista’) y que resulta ser radicalmente contrario al trasvase del Ebro.

Esta oposición del PAR al trasvase no es de ayer. Está en el origen mismo de esta formación política, que tuvo su germen en la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, de 1977, y que movilizó «un incipiente regionalismo aragonés de derechas, fundado, sobre todo, en la defensa del Ebro y en contra de cualquier trasvase. Ello le granjeó un amplio apoyo de las mancomunidades de regantes zaragozanas, claves en una comunidad fundamentalmente agrícola como Aragón» (O. Barberà, A. Barrio y J. Rodríguez. Papers 92, UAB, 2009). De hecho, sacó más votos que la AP de Fraga en aquellas primeras elecciones democráticas.

El PAR nunca olvidó su origen y su principal razón de ser. Basta con ver el siguiente titular del ABC de Sevilla, de agosto de 2002, referido a unas declaraciones de su presidente, José Ángel Biel:

El Presidente del Partido Aragonés asegura que pararán el trasvase del Ebro

Año y medio después, en enero de 2004, el propio Biel dejaba bien claro en un artículo que «trasvasar el agua del Ebro a otras zonas más ricas es una enorme injusticia y una hipoteca inmensa sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos. Somos el único partido que siempre ha dicho no al trasvase».

Y en la web del PAR pueden encontrarse noticias como esta: «Ana Cristina Fraile comenzó [una charla sobre gestión del agua] recordando que el Partido Aragonés nació ya con un objetivo claro de parar cualquier intento de trasvase del Ebro por parte de Gobierno central, lo cual se ha convertido en una seña de identidad del partido.»

El idilio PP-PAR no ha empezado con este acuerdo de listas conjuntas. Después de las elecciones autonómicas, que el PP ganó en Aragón sin mayoría absoluta, ya llegaron a un arreglo para convertir a Luisa Fernanda Rudi en presidenta de la comunidad a cambio de dar cerrojazo al trasvase en el programa del Partido Popular. La noticia en El Heraldo de Aragón, el 17 de junio, se presentaba así:

El PAR mete el no al trasvase en el preacuerdo con el PP

Y Luisa Fernanda Rudi lo dejaba bien claro ya antes de su investidura: «el PP no va a reactivar el trasvase del Ebro».

Pues sí, por increíble que parezca, Mariano Rajoy también paga sus apoyos a los nacionalistas. A estos del PAR y a cualesquiera otros que pueda necesitar mañana. ¿Recuerdan cuando en el año 2000 el ministro Arias Cañete fue cazado por un micrófono en Jumilla hablando del trasvase del Ebro?: «Salir, sale por cojones. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón». Pues eso. Ha pasado el tiempo, han cambiado las cosas y Aragón, ahora, bien vale un trasvase.

Un referéndum de vez en cuando no estaría de más

Si hay algo en que Italia nos gana de largo son los referendos. Es el Estado de la UE donde más se convocan, y no sólo para decidir sobre grandes asuntos políticos. Además, el referéndum en Italia es un potente instrumento de democracia directa, ya que puede convocarse a petición de 500.000 electores o de cinco Consejos Regionales para derogar leyes previamente aprobadas por el Parlamento. Así ocurrió el pasado 13 de junio, cuando los italianos le tumbaron a Berlusconi nada menos que cuatro leyes: una para impulsar la privatización de la gestión del agua, otra relativa al cálculo de las nuevas tarifas del agua según el capital invertido por la compañía y garantizando incrementos del 7% en la factura sin mejorar el servicio a cambio (¿a qué me suena esto?), otra sobre el programa de energía nuclear, y la ley denominada «de legítimo impedimento», hecha a medida del cavaliere para evitar comparecer ante los juzgados alegando motivos de agenda oficial.

A diferencia de Italia, el referéndum en España sólo es vinculante en tres casos previstos en la Constitución: su reforma (cuando afecte a las partes previstas en el artículo 168 o cuando lo pida una décima parte de los Diputados o de los Senadores), la aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía tramitados por la vía del artículo 151 (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), y la eventual incorporación de Navarra al País Vasco, prevista por la disposición transitoria 4ª. Pero el referéndum que puede convocarse para someter a la ciudadanía «las decisiones políticas de especial trascendencia» (artículo 92) sólo tiene carácter consultivo, aunque políticamente no se sostendría que el Gobierno y el Parlamento desoyeran la decisión del pueblo.

Pero este artículo 92 de nuestra Constitución sólo se ha utilizado en dos ocasiones. La primera fue en 1986, para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN, ganando el sí por un 53%. La segunda y última, en 2005, fue para ratificar la Constitución Europea, con una bajísima participación (41%) y la previsible victoria del sí. Aunque la malograda “constitución” (que en realidad era un tratado internacional) finalmente no entró en vigor porque fue rechazada ―precisamente en referéndum― por franceses y holandeses.

Dos referendos en 33 años me parecen pocos, y no porque sea un partidario radical de la democracia directa, inviable en la práctica por la cantidad de decisiones políticas que hay que tomar y la complejidad técnica que normalmente presentan. Nuestra democracia debe seguir siendo esencial y principalmente representativa. Pero eso no justifica la racanería con que se ha administrado el artículo 92 de nuestra Constitución. Hay decisiones que son «políticamente puras» en el sentido de que son expresión pura y simple de una voluntad política, y cuando estas decisiones presentan «especial trascendencia» (como exige la Constitución) y cierto grado de controversia social, deberían someterse a consulta mediante referéndum.

La denominada «clase política» debería perderle el miedo al referéndum, aunque a veces depare sorpresas y derribe leyes aprobadas por el Parlamento e incluso constituciones europeas. Pero esa posibilidad de «derribo» incentivaría el interés de los ciudadanos por los asuntos públicos, mejoraría su opinión sobre el sistema político al sentirse partícipes, y probablemente mejoraría la calidad de la reflexión y los debates sobre los asuntos consultados. En general, la práctica regular del referéndum contribuiría a fortalecer el músculo democrático de la sociedad en una etapa como la actual, marcada por el desinterés y la desafección. Alguno de vez en cuando no estaría de más.

Sobre la reforma constitucional

Llego un poco tarde con mi opinión sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución. Tengo la sensación de que todo el mundo ha dicho ya lo que tenía que decir sobre este asunto. Por eso no me extenderé demasiado en argumentos que otros han planteado ya. Por ejemplo, que el déficit no tiene ideología o que las puede tener todas (como demostró Ronald Reagan, bajando los impuestos a los ricos e incrementando el gasto militar de EE UU, y como ha demostrado también la alcaldesa de Fuente Álamo, gastando muy por encima de los ingresos del Ayuntamiento). O que el equilibrio presupuestario puede conseguirse tanto por la vía del gasto (reduciéndolo) como por la vía de los ingresos (incrementándolos con un sistema fiscal adecuado y luchando contra el fraude en un país donde la economía sumergida ronda el 20%). Me centraré en rebatir un argumento concreto que se ha venido utilizando en contra de esta medida: el de la «ideología constitucionalizada».

La reforma del artículo 135, tal como finalmente se ha planteado, supone una regulación suficientemente flexible para que dentro de ella quepan políticas económicas de diversa orientación ideológica. La intervención de Rubalcaba, negándose a que figurara una cifra concreta en la Constitución, ha sido clave para garantizar esa flexibilidad.

No obstante, muchos afirman que esta reforma significa constitucionalizar un planteamiento ideológico neoliberal. Iñaki Gabilondo dijo el otro día en su videoblog que, con esta reforma, «la Constitución española estrena por primera vez un contenido ideológico». Discrepo de esta opinión. Nuestra Carta Magna está llena de preceptos de contenido ideológico. Y no son pocos ―quizá la mayoría de ellos― los que, aun siendo aceptados por todas las fuerzas políticas democráticas, responden a planteamientos o reivindicaciones que históricamente tuvieron su origen en la izquierda y que, una vez consagrados en la Constitución, impedirían el desarrollo de un programa neoliberal de máximos. Hay muchos ejemplos, pero me limitaré a citar unos cuantos empezando por la propia calificación de España como Estado social (artículo 1.1), que entronca con sensibilidades ideológicas de centro-izquierda (socialdemócratas) y de centro-derecha (democristianos), pero que choca con la concepción neoliberal del Estado mínimo. Otro ejemplo claro lo encontramos en el artículo 9.2, que consagra la idea de libertad como no dominación, frente a la concepción derechista de libertad como no injerencia. La función social de la propiedad como límite a este derecho (artículo 33.2) o la progresividad del sistema tributario (artículo 31.1) son principios ampliamente aceptados desde hace décadas por todas las ideologías democráticas, pero traslucen concesiones a la izquierda en sus orígenes. Concesiones que se observan más nítidamente en el reconocimiento del carácter vinculante de los convenios colectivos (artículo 37.1) o en la huelga, elevada nada menos que a la categoría de derecho fundamental por el artículo 28.2. Por su parte, los artículos 40 y 50 impedirían que un eventual Tea Party español privatizara las pensiones, sustituyendo el actual sistema público de reparto por uno de capitalización gestionado por bancos y aseguradoras. Como vemos, hay mucha «ideología constitucionalizada» y, si nos atenemos a su origen histórico, más de izquierdas que de derechas.

Pretender que el Estado del Bienestar sea sistemáticamente deficitario y que su gasto corriente tenga que financiarse en los mercados es poco coherente. Por el contrario, su mejor garantía es el equilibrio financiero, por dos motivos: primero, porque en el futuro los fondos que deban destinarse al pago de intereses podrán dedicarse a inversiones y gasto social; y segundo, porque la quiebra de las Administraciones públicas ofrece a la derecha una coartada perfecta para reducir derechos sociales y para privatizar la titularidad o la gestión de servicios públicos esenciales (reducción y privatización que, esos sí, son objetivos ideológicos).

Insisto en afirmar que el principio de equilibrio presupuestario no tiene ideología. Pero, aunque así fuera, ¿cuál sería el problema? Igual que la derecha fue aceptando a lo largo del último siglo y medio la evidencia histórica de que el castigo penal de la huelga no era un camino viable para alcanzar la paz social, o que la función del Estado no podía limitarse a garantizar la seguridad exterior e interior y el cumplimiento de los contratos, tampoco pasa nada si la izquierda se aviene a reconocer que, en el actual escenario financiero global, el déficit estructural y el incremento del endeudamiento pueden lastrar el crecimiento económico de un país y poner en peligro su Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, la mejor forma de luchar contra el usurero es no necesitando su dinero. Es de sentido común.

Septiembre, volver a empezar (entrada n.º 400)

Ya está aquí septiembre, con sus tormentas y la vuelta a la rutina a veces necesaria. Después de este descanso, la casualidad ha querido que la entrada con la que comienzo el nuevo 'curso bloguero' sea la número 400 de esta bitácora. Y es que los números redondos siempre han tenido su encanto (¿recuerdan aquello del turista 1.000.000?). Si hubiera continuado escribiendo durante agosto, no me hubieran faltado temas para la opinión. Julio terminó con el anuncio de elecciones generales para el 20-N, luego tuvimos la visita del Papa y, en los últimos días, una reforma de la Constitución que tantas dudas suscita por el fondo y por la forma. Es curioso, pero tenía previsto escribir una artículo sobre el referéndum consultivo a la vuelta de vacaciones. Lo que no me imaginaba es que el asunto iba a estar tan de actualidad. Se trataba (y se tratará) de una tercera entrada sobre las recetas-milagro de la democracia real, aunque esta vez para apoyar la receta y denunciar lo poco que se usa en España este instrumento de democracia directa. Así que ya os anuncio el contenido de mis próximos dos artículos: uno sobre la limitación del déficit en la Constitución y otro sobre el referéndum en general como instrumento para profundizar en la calidad de la democracia. Espero que tengáis un buen comienzo de curso y que me sigáis leyendo en las próximas 400 entradas.

Hasta el 1 de septiembre

Dejo el blog en descanso durante el mes de agosto. El 1 de septiembre volveré a publicar algo. No obstante, como siempre, me tenéis a vuestra disposición en antonio@psoe-fuentealamo.com para cualquier cosa que me queráis comunicar. Feliz verano a todos.

Una de circunscripciones

Otra reivindicación que se escucha últimamente para caminar hacia una democracia real es la de intensificar el vínculo entre ciudadanos y representantes, mediante la elección de éstos en circunscripciones uninominales. De esta manera, en vez de elegir los diputados por provincias, en una cuantía que va desde los 2 de Soria a los 35 de Madrid, los elegiríamos por distritos mucho más pequeños que estarían representados por un único parlamentario. Así ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido. Sin embargo este sistema tiene, a mi parecer, muchos inconvenientes:

1. Es contrario a la mayor proporcionalidad del sistema electoral y a la representación de las minorías políticas que, al mismo tiempo, están exigiendo voces como las del movimiento 15-M, UPyD o Izquierda Unida. Más proporcionalidad y más vinculación elector-elegido son objetivos difícilmente conciliables, ya que aquélla necesita circunscripciones grandes (se alcanzaría de forma plena con una única circunscripción nacional), mientras que ésta requiere distritos pequeños. Imaginemos que el Partido Blanco obtuviera el 51% de los votos en todos los distritos: tendría el 100% de los diputados, mientras que el Partido Amarillo, con el 49%, quedaría sin representación.

2. Implantar un sistema de elección uninominal nos obligaría a ‘inventar’ 350 distritos nuevos (uno por cada diputado) en los que quedaría dividida España. Sería una división territorial que no tenemos ya hecha y que deberíamos abordar no sin grandes dificultades a la hora de garantizar la continuidad territorial y la homogeneidad de población y de intereses. La provincia de Murcia, que actualmente elige 10 diputados, debería fraccionarse en 10 distritos de en torno a 150.000 habitantes cada uno. ¿Cuáles serían? Algunos de ellos tendrían que agrupar necesariamente a varios municipios. ¿Sería esta coexistencia pacífica a la hora de elegir al candidato ―sobre todo, dentro de los partidos― y a la hora de dirimir intereses territoriales que eventualmente pueden ser contrapuestos? Además, la propia configuración de los distritos, según se combinen ciertos pueblos o barrios, puede tener efectos beneficiosos para uno u otro partido. Cada fuerza política trataría de imponer la división que más le beneficiara (a esto se le conoce como gerrymandering), de manera que el consenso sería muy difícil de alcanzar.

3. Suele decirse que el sistema uninominal es más meritocrático, por dos motivos: porque los electores pueden conocer de manera más directa y personal las capacidades de los candidatos, y porque tienen la oportunidad de premiar con la reelección su esfuerzo y dedicación en la defensa de los intereses del distrito. Esto es relativo, porque 150.000 personas ya es una población demasiado elevada para que se den claramente esos efectos. En una visión idealizada de la democracia suele representarse al diputado haciendo periódicamente un puerta a puerta y sentándose en la mesas camilla explicando a los ciudadanos las razones de sus votos en el Congreso y tomando nota de sus problemas y sugerencias. Sobra decir que si estamos hablando de 150.000 habitantes, es decir, de unos 50.000 hogares, esto es materialmente imposible.

Además, también puede haber un efecto anti-meritocrático según cómo sea la configuración de las circunscripciones. Como he dicho antes, muchas de ellas tendrían que agrupar a más de un municipio. Imaginemos entonces una formada por tres: A (con 100.000 habitantes), B (con 30.000) y C (con 20.000). Tengan por seguro que tanto el Partido Blanco como el Amarillo presentarían siempre candidatos del municipio A. Por muy válido y laborioso que fuera un político residente en B o en C, me atrevo a decir que jamás alcanzaría la condición de candidato (ni en un proceso de designación interna por el aparato de su partido, ni mucho menos en un proceso de primarias ya sea restringido a los militantes o abierto a todos los ciudadanos).

4. Actualmente los diputados ejercen su labor de representantes políticos en una doble dimensión: la territorial (por la provincia en la que han sido elegidos) y la sectorial (por las comisiones parlamentarias a las que están adscritos: educación, defensa, sanidad, etc.). En el trabajo cotidiano de los parlamentarios, la dimensión sectorial es la que prevalece. Así, los diputados de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio se ocupan de tales asuntos en toda España, y no sólo en el territorio por donde han salido elegidos. Esto es, en cierto modo, lógico y positivo. El Congreso de los Diputados es la cámara donde se representan y dirimen de forma unitaria los intereses generales de España (para la representación de los intereses territoriales está, supuestamente, el Senado). Pero la elección de los diputados en distritos uninominales cambiaría este panorama y potenciaría la dimensión territorial frente a la sectorial. Los diputados, al depender su reelección de la defensa de los intereses del terruño (que pueden ser contrarios a los intereses generales de España), se dedicarían exclusivamente a mirar para su pueblo en detrimento de su visión de Estado. ¿Acaso el interés general de España va a coincidir siempre de la suma aritmética de 350 intereses comarcales? Si ya es difícil alcanzar hoy, por ejemplo, un Pacto Nacional del Agua, ¿no lo sería mucho más con diputados que tendrían que asumir ante sus votantes, de forma personal y directa, el desgaste electoral por las cesiones que siempre son necesarias a la hora de alcanzar un acuerdo en un ámbito donde hay intereses contrapuestos?

Las circunscripciones uninominales tendrían más sentido a la hora de elegir el Senado, que es la cámara de representación territorial. Aunque, en un sistema cuasifederal como el nuestro, parecería más razonable que esos representantes se eligieran, al menos parcialmente, con base territorial autonómica.

5. La mayor vinculación personal entre elector y diputado no está exenta de los distintos riesgos que puede plantear un exceso de personalismo y proximidad. Por ejemplo, en zonas con una cultura política proclive al clientelismo, los diputados caerían en la tentación de convertirse en conseguidores de los electores, quizá más en asuntos municipales y autonómicos (cuya rentabilidad electoral es mayor y más inmediata) que en los nacionales. Por otra parte, debemos advertir que la proximidad no siempre es buena en política. Hay materias donde el representante debe tomar distancia para poder adoptar una decisión con amplitud de miras e independencia de criterio. Por ejemplo, ¿no es cierto que buena parte de los problemas que plantea el urbanismo se dan por un exceso de proximidad entre la instancia decisoria y los afectados por la decisión?

Después de haber planteado los inconvenientes de las listas abiertas, siento ponerme en el papel de aguafiestas por segunda vez. Pero conviene reflexionar sobre los inconvenientes de algunas fórmulas que últimamente se están poniendo encima de la mesa. Pasa como con las dietas-milagro, que existen y pueden ser eficaces a corto plazo, pero escondiendo numerosos riesgos.

Además, creo que se puede conseguir una mayor vinculación entre electores y elegidos sin necesidad de recurrir al distrito uninominal. Basta con que haya más voluntad de acercamiento por ambas partes. Subrayo: por ambas.